Asociación jurídica local revisa las pautas legales en Venezuela para la criptominería
Desde Star Halo
La asociación jurídica local Criptojuris Venezuela ha subido recientemente un boletín en su página oficial que trata los riesgos legales de realizar minería de criptomonedas en Venezuela.
El boletín número 004–2020 denominado “Minería Digital-Boletín Especial”, es una breve reseña por la “auditoría legal desde el punto de vista de la actividad minera digital en Venezuela“.
Lo escrito tiene la intención de dar respuesta y asesoría legal tanto a los pequeños, medianos y grandes usuarios que realizan esta actividad, ”para determinar si la actividad que desarrollan cumple con los requerimientos establecidos en las normas venezolanas“, dice en el boletín.
El objetivo principal según se puede apreciar en el texto es disminuir los riesgos legales relacionados a dicha actividad en el país latinoamericano, en su contexto expresa de forma muy clara la posibilidad de pérdidas económicas o inclusive la libertad personal por incumplimiento de la norma.
En Venezuela, en el pasado reciente, las personas dedicadas a realizar esta actividad han sido foco en numerosas oportunidades de acosos, persecución y hasta desmantelamiento de granjas por los organismos del estado, bajo la orden de faltas jurídicas graves en la ejecución de sus actividades.
El documento dice claramente tres normas esenciales bajo la cual los usuarios deben tener conocimiento de cumplirlas en su totalidad para no ser sancionados por las autoridades venezolanas en la utilización de sus actividades mineras.
Las normas en cuestión obedecen al sector eléctrico: Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, Reglamento de Servicio Eléctrico y Normas de Calidad del Servicio de Distribución de Electricidad.
Según la asociación jurídica, dichas normativas señalan por cuanto uno de los elementos fundamentales de las actividades de minería de criptomonedas esta ligado al consumo de energía eléctrica, anteriormente esto ha sido utilizado como arma para encarcelar a las personas dedicadas a la actividad de forma clandestina.
Al respecto, el documento expresa que ”los alegatos de las autoridades policiales y administrativas sobre el delito de robo de energía eléctrica o que los mineros perturban el sistema eléctrico nacional son totalmente falsos”.
Auditoría criptolegal en el país
Para no tener estos inconvenientes dicen que realizar la respectiva auditoría criptolegal de cumplimiento a la normativa eléctrica, así como “la auditoría técnica de cumplimiento de parámetros exigidos en las propias normas“ eléctricas.
Para Criptojuris, la auditoría respectiva debe ir encaminada al cumplimiento iniciado por las Zonas Petro, a los fines de ”determinar y orientar” si la actividad realizada por el sujeto enmarca no sólo dentro de los parámetros legales del sistema eléctrico nacional, sino también a nivel tributario y en cuanto a permisología de importaciones de equipos se refiere.
Lo anterior está enmarcado dentro del Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos, el cual administra toda la actividad minera en el país y certifica a los usuarios para permitir ejecutar todas las actividades inherentes a la minería de criptomonedas mediante el el Registro Integral de Servicios en Criptoactivos «RISEC».
El boletín hace una breve explicación de las normas enmarcadas en la lucha con los ilícitos del dinero digital. La primera a la cual hace referencia es la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y por otro lado la Resolución 083–18 de SUDEBAN, el organismo encargado de regular el sistema bancario nacional.
En ese sentido, la recomendación del cuerpo jurídico es que los usuarios deben informar a sus instituciones bancarias de las actividades autorizadas que estén realizando, con el objetivo de evitar caer en sanciones legales mediante el uso de instrumentos financieros tradicionales para el intercambio de activos digitales producto de la minería de criptomonedas.
2.2 Marlon telegram博主引流 M dominguez, [20.06.20 15:21]
El documento es una visión resumida y bien elaborada para todas los usuarios o instituciones que deseen abocarse a la minería de criptomonedas bajo la lupa de un gobierno que ha demostrado en otras oportunidades, no pensárselo para sancionar aquellos que no se ajusten a ‘su normativa’.
A pesar del estímulo legal, las preguntas sobre su eficacia y práctica real en un sistema judicial y policial bastante complicado, ha enseñado varias veces evidencias nada satisfactorias entre aquellos que se dedican -o dedicaban- a la minería de criptomonedas en la nación sudamericana.